Un hombre entra a primeros de noviembre de 2024 en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, sede del Tribunal Superior de Justicia. Lleva una carpeta bajo el brazo con una denuncia contra el Atlético de Madrid y otra contra el Ayuntamiento. Pocos días antes, el 29 de octubre, el Consistorio había aprobado definitivamente un plan urbanístico debatido con sordina durante el verano: un proyecto millonario que había pasado por un trámite casi invisible.
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