El colectivo de trabajadores por cuenta propia afronta un escenario crítico ante la inminente pérdida de profesionales en los próximos años, según ha informado Victoria Ballesteros, experta en economía de COPE. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) calcula que cerca de 600.000 autónomos están ya próximos a su retirada laboral, una oleada de ceses que no afectará por igual a todos los territorios.
El presidente de la organización, Eduardo Abad, ha alertado de las consecuencias que provocará este fenómeno en diferentes sectores y regiones.
“En el año 2030 calculamos que se jubilen casi el 25% del total de los autónomos en España, pero, fundamentalmente, donde va a tener un impacto brutal será en el ámbito rural”, ha explicado el dirigente, quien ha destacado que las áreas más golpeadas serán el comercio y la construcción.
Esta preocupante situación se refleja en casos como el de Ascensión, cuyo negocio familiar abrió en 1972 y no cuenta con continuidad tras su jubilación. “No hay un relevo generacional, mis hijos se dedican a otra cosa, son empresarios, y luego porque la situación económica, la situación del pequeño y mediano comercio ha cambiado muchísimo, ya no son rentables, o por lo menos, en mi caso, ya no es rentable”, ha afirmado la afectada ante la pérdida de viabilidad del pequeño comercio.
El goteo de clausuras comerciales no deja de agravarse en toda España, tal y como ha señalado Pilar García de la Granja en ‘Mediodía COPE’. La comunicadora ha remarcado que en el último mes han cerrado 37 negocios cada día en el país, lo que supone más de 900 tiendas clausuradas y un coste diario inasumible de entre 190 y 300 euros únicamente por abrir la persiana.
Un testimonio de esta asfixia es el de Jaione Ovejero, una comerciante de 47 años obligada a clausurar su negocio de calzado infantil en el centro de Soria tras diez años de actividad. La dueña ha pormenorizado los gastos inasumibles que soportaba: “Cada mes me costaba en gastos fijos, unos 2.000 euros en alquiler, autónomos, luz y agua, a lo que sumaba el coste de la mercancía por adelantado”.
Ovejero ha explicado que el sector exige adelantar compras con seis meses de antelación para primavera-verano y otoño-invierno, además de afrontar entre 1.000 y 2.000 euros adicionales por personal contratado. A partir del octavo año, la competencia directa y el comercio online redujeron su beneficio al equivalente del salario mínimo interprofesional, impidiendo sostener el riesgo empresarial.
La comerciante ha advertido de que la despoblación de Soria, con 41.000 habitantes en la capital y 90.000 en la provincia, recorta las opciones de supervivencia de los negocios y exige ayudas directas al funcionamiento. Asimismo, ha subrayado la desprotección ante contingencias médicas: “Si yo mañana tengo que cerrar por una baja o por un accidente, no cubro costes, me arruinaría”.
Tras cerrar su establecimiento el pasado 29 de agosto después de ocho meses de liquidación, Jaione Ovejero se encuentra actualmente pluriempleada con dos jornadas parciales. La excomerciante compatibiliza su labor como docente de turismo en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz con un empleo por cuenta ajena para afrontar su nueva etapa profesional.
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