El sostenimiento de la atención a la dependencia en España descansa de forma abrumadora sobre las espaldas de los hogares. Un reciente informe elaborado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha revelado que las familias aportan tres veces y media más recursos que el conjunto de las administraciones públicas para financiar los cuidados de larga duración.
En el último ejercicio de 2025, el gasto asumido directamente por los hogares ha ascendido a 65.000 millones de euros, frente a los apenas 37.000 millones sufragados por el Estado y las autonomías. La investigadora y coordinadora del estudio, Elisa Chuliá, ha destacado la enorme asimetría del modelo y ha remarcado que “por cada euro que el Gobierno y las comunidades autónomas gastan en dependencia, las familias aportan tres euros y medio”.
Esta desproporción sitúa a España notablemente por detrás del entorno internacional, con un gasto público en cuidados de apenas el 1 % del PIB, frente a la media del 1,8 % de la OCDE. La distancia resulta todavía más acusada respecto a países como Países Bajos, que destina un 4,4 %, o Noruega y Suecia, que superan el 2,4 %.
Este desequilibrio estructural coincide con la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma integral de las leyes de dependencia y discapacidad. La nueva normativa ha blindado por ley que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del SAAD, complementada con una inyección extraordinaria de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha exigido a las comunidades autónomas que utilicen estos fondos para reducir las listas de espera a la mitad en 2027 y erradicarlas por completo en 2028. De hecho, las autonomías han recibido ya más de 517 millones de euros adicionales en los dos primeros meses tras la convalidación del real decreto-ley.
El texto legal ha incorporado avances de calado como la eliminación del régimen de incompatibilidades, permitiendo compatibilizar el centro de día con la teleasistencia o los cuidados familiares dentro del Programa Individual de Atención. Asimismo, se ha regulado la figura del asistente personal, se ha ampliado el servicio de ayuda a domicilio fuera del hogar y se ha reducido el plazo máximo de resolución de seis a tres meses.
La reforma ha reforzado de manera transversal la protección de las cuidadoras principales, cuyas cotizaciones correrán a cargo del Estado, reconociendo además nuevos modelos de convivencia no familiares. En el ámbito de la discapacidad, la ley ha establecido el reconocimiento automático del 33 % de discapacidad para el grado I de dependencia y del 65 % para los grados II y III, junto a la declaración de la atención temprana como derecho subjetivo entre 0 y 6 años.
Pese a los avances normativos defendidos el Gobierno como una refundación del sistema, amplios colectivos de afectados han señalado que numerosas patologías y situaciones complejas han quedado desatendidas. La realidad cotidiana de los solicitantes continúa marcada por la lentitud de los trámites administrativos y la sobrecarga que asumen los cuidadores familiares.
Los usuarios reflejan a diario esta brecha entre el marco legislativo y la gestión real de las prestaciones concedidas. Le ha pasado a Mercedes Cortés de 57 años al tramitar las ayudas para su padre de 97. Denuncia con amargura que “el verdadero calvario de las familias sigue siendo la tardanza en recibir las prestaciones y una burocracia sin fin”.
Actualmente, más de 1,8 millones de personas reciben algún tipo de ayuda en España, pero la demanda no ha dejado de acelerarse con 100.000 nuevos beneficiarios de media cada año. Las previsiones demográficas sitúan la cifra de dependientes por encima de los 2,5 millones en 2050, lo que supone un incremento mínimo del 28 % respecto al escenario actual.
El informe de Funcas ha advertido con contundencia de que la reforma legislativa recién aprobada ha infravalorado la verdadera magnitud de la explosión de los cuidados en el país. Los cálculos de la entidad señalan que la demanda superará los dos millones de personas en 2030, lo que exigirá duplicar el empleo del sector hasta alcanzar los 572.000 profesionales, frente a los 260.000 trabajadores previstos por el Gobierno.
La investigadora Elisa Chuliá ha alertado de que el incremento presupuestario de 6.000 millones de euros apenas representa una tercera parte de lo necesario para homologar a España con el estándar europeo. Con más del 80 % de los cuidados descansando todavía en el ámbito doméstico, los analistas concluyen que el marco aprobado resulta insuficiente tanto en dotación económica como en capacidad organizativa para absorber el reto demográfico venidero.
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