La cadena de custodia de restos del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha levantado una densa polvareda en torno al caso que instruye el Tribunal de Instancia de Montoro, también en la provincia cordobesa. Y ha sido, según una providencia del 10 de febrero firmada por la jueza Cristina Pastor, por la recogida de posibles pruebas realizada por el gestor de la infraestructura Adif y su traslado a un almacén propio en la localidad cordobesa de Hornachuelos muchos días antes, entre el 22 y el 23 de enero. Allí fueron analizadas varias soldaduras y raíles, según declaró a la Guardia Civil un operario del centro, para lo que no había permiso del juzgado. La responsable de la vía asegura que actuó de este modo para preservar fragmentos de carril que quedaron expuestos una vez que habían salido de la zona del siniestro los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y los efectivos de la Guardia Civil. En su mayor parte, ese material recopilado pertenece a la vía contraria a la del descarrilamiento del convoy de Iryo el domingo 18 de enero.
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