El gerente del hospital Ramón y Cajal de Madrid reconoció a una cirujana denunciante de la manipulación de las listas de espera que su hospital carece de un canal anónimo para proteger a informantes de irregularidades. Este mecanismo es obligatorio en los entes públicos con personalidad jurídica propia y más de 50 trabajadores, según una ley estatal de 2023 impuesta por Europa para combatir la corrupción. La Comunidad de Madrid, sin embargo, considera suficiente un sistema común para su plantilla de 203.000 empleados, el llamado Canal del informante, un recurso todavía poco conocido. Otras comunidades han adoptado también modelos similares centralizados, aunque existen excepciones: Andalucía dispone de un canal específico para todos sus sanitarios, mientras que Cataluña ha implantado uno propio en cada hospital.
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