Se cumple un año desde que estallara en Andalucía el escándalo de los cribados de cáncer de mama que provocó la mayor crisis del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). La Junta se vio obligada a poner en marcha un plan de choque para agilizar los diagnósticos y ofrecer garantías sobre los programas de prevención, que incluía la incorporación de 4.000 profesionales sanitarios. Esta semana, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado que en este tiempo “se ha cumplido el 100%” de los compromisos, porque “casi todos” esos especialistas se han contratado y se “han producido mejoras importantes”. Ángela Claverol, presidenta de Amama, la asociación andaluza de mujeres víctimas de cáncer de mama que denunció los fallos en la comunicación de las pruebas diagnósticas, desvelados por la cadena SER, y Anabel Cano, una de las víctimas de esa negligencia, se convirtieron en los rostros más visibles del movimiento ciudadano que exigió explicaciones y reparación. Ambas reaccionan con una sonrisa escéptica a las palabras del consejero. “No solo no se ha arreglado nada, sino que han conseguido tapar la realidad de lo que ha pasado”, sostiene Claverol. En la conversación mantenida con EL PAÍS en su sede de Sevilla, pasan de la rabia a la frustración cuando abordan el drama y las consecuencias con las que muchas, como la propia Cano, siguen lidiando y la incomprensión por parte de la Junta. “Algunas están rendidas, pero muchas seguimos luchando, por nuestras familias, por todas las mujeres, las que están, las que no están, que querían vivir, y las que vendrán. Seguiremos luchando para que esto se arregle y por la justicia”, advierte Cano.
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