Ante la creciente preocupación por la okupación de viviendas y los impagos de alquiler, la abogada Cynthia García Bravo, de Vilches Abogados, ha destacado una herramienta legal clave para los propietarios: realizar un contrato notarial e inscribirlo en el Registro de la Propiedad. Esta medida, según la experta, ofrece una capa de protección fundamental para poder actuar con celeridad.
Y es que según evidencia una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, el 2% de los españoles dice haber sido víctima de los okupas en los últimos 5 años. Una situación que lleva a muchos propietarios a retirar sus pisos del mercado.
Para evitarlo, García Bravo detalla un plan de cinco puntos para minimizar riesgos. Además de la inscripción notarial, la letrada subraya la importancia de “verificar bien al inquilino” antes de firmar, y de “actuar rápido si deja de pagar” para iniciar los trámites legales cuanto antes.
También desaconseja firmar “alquileres cortos sin ningún tipo de garantía” y enfatiza la necesidad de “denunciar la ocupación desde el primer día”.
La abogada concluye con una reflexión contundente: “Tener una vivienda no te obliga a asumir el problema habitacional del país”, desvinculando la propiedad privada de las responsabilidades estatales en materia de vivienda.
Este contexto de preocupación ciudadana coincide con un intenso debate político en el Senado, donde se tramita una propuesta del Partido Popular para modificar el Código Penal. La iniciativa busca que la interrupción de suministros (agua, luz, gas) a una vivienda ocupada ilegalmente no sea considerada un delito de coacciones por parte del propietario.
El senador popular Lucas Castillo ha defendido la propuesta acusando al Gobierno de “negar la existencia de un problema grave” y asegurando que muchas comunidades de vecinos conviven con pisos tomados por mafias. Para Castillo, la ocupación no es un problema de vivienda, sino una “agresión ilegítima contra el derecho de la propiedad”.
Para sustentar su postura, el senador ha recordado que en 2024 se contabilizaron 16.400 casos de usurpación y allanamiento (un 7,4% más), con Cataluña acaparando el 42% del total. Además, ha citado una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de marzo que avaló que los propietarios pueden cortar los suministros a los okupas sin cometer delito.
Castillo también ha denunciado que una ley integral contra la ocupación ilegal propuesta por su grupo se encuentra “bloqueada” en el Congreso de los Diputados, acumulando hasta 66 prórrogas en el plazo de enmiendas.
Sin embargo, la mayoría de los grupos de la oposición no ha respaldado la iniciativa. Los senadores Igotz López (PNV) y Josu Estarrona (EH-Bildu) han señalado que la ocupación “solo afecta a un 0,06% del total de viviendas” en España, calificándolo como un problema minoritario.
Por su parte, la senadora del PSOE, Inmaculada Sánchez Roca, ha atribuido la propuesta a una estrategia del PP por el miedo a que “Vox le esté comiendo la tostada”. Según informa la agencia EFE, ha acusado a los populares de “alentar el miedo” y “cebar y engordar al monstruo de la ultraderecha”.
