Los sindicatos UGT y CCOO han acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño, una medida pendiente de ser ratificada por sus máximos órganos de dirección. Esta iniciativa busca reivindicar salarios dignos para garantizar el acceso a una vivienda digna, en un contexto donde colectivos e inquilinos hablan de huelga general ante la creciente dificultad para acceder al mercado inmobiliario.
Las organizaciones sindicales han dado este paso tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes de vivienda, cumpliendo así el anuncio realizado el pasado viernes. La estrategia pasa por incorporar plenamente el mundo del trabajo a la movilización en unidad de acción sindical y en confluencia con movimientos sociales, vecinales y colectivos ciudadanos, en un clima de tensión social donde la Justicia rechaza desalojar la acampada en Sol por el derecho a la vivienda.
La fecha definitiva de este paro general de 24 horas se analiza de forma conjunta con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas. El objetivo central es movilizar masivamente a las personas trabajadoras por el derecho a la vivienda y sueldos adecuados. Desde la representación sindical han destacado que las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esta demanda popular.
La problemática habitacional afecta de forma directa a la ciudadanía, apreciándose en situaciones cotidianas como la de Santiago, un habitante que ha llegado a vivir en pisos con 10 personas para hacer frente a los costes. Ante esta realidad, los sindicatos sostienen que la respuesta colectiva debe construirse entre todas las organizaciones que respaldan la causa.
Las propuestas sindicales se estructuran dentro de la negociación para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), planteando incrementos de sueldos entre el 4% y el 7%. Además, contemplan cláusulas de revisión salarial y medidas para facilitar el acceso a un hogar. Ambas centrales han respaldado también la Propuesta Sindical Unitaria, que exige un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Con esta medida de fuerza, la convocatoria interpela directamente a las administraciones públicas con competencias en materia residencial y a las organizaciones empresariales. Los representantes de los trabajadores exigen que la patronal asuma que los salarios deben garantizar el acceso a un bien básico, advirtiendo de que “seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio”. Asimismo, la renovación del AENC y el desbloqueo de los convenios colectivos se perfilan como ámbitos clave para demostrar este compromiso.
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