El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al real decreto que moviliza más de 300 millones de euros para reactivar la ciudad autónoma de Ceuta, de los cuales 63 millones de euros se destinan a la atención de los menores migrantes no acompañados. La votación ha culminado con una amplia mayoría de 304 votos a favor frente a los 33 votos en contra de Vox, sumando el respaldo de Partido Popular y Junts tras mantener la incógnita hasta el último momento.
Pese a este aval numérico, la jornada parlamentaria ha evidenciado el severo desgaste del Ejecutivo, convirtiéndose en un debate especialmente complejo para el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Este respaldo se produce en un contexto donde el despliegue financiero busca aliviar el tejido económico ceutí, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido a su vez el rechazo del pleno al decreto regulador de los grupos de interés.
La sesión ha estado precedida por un tenso enfrentamiento directo durante la sesión de control entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno. Mientras Feijóo ha recriminado a Sánchez la falta de explicaciones sobre las gestiones con Rabat para agilizar los retornos, el jefe del Ejecutivo ha replicado ante los medios que la tutela de los menores que permanecen en la ciudad corresponde exclusivamente a su presidente autonómico, Juan Jesús Vivas.
Las formaciones políticas que han apoyado el paquete económico no han escatimado en duras advertencias hacia la gestión gubernamental. El portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha manifestado que “este real decreto sólo demuestra el coste de su incapacidad y de su descoordinación”, reprochando además a Moncloa su actitud diplomática y alertando de que “Cataluña no lo asumirá” en cuanto al reparto de menores.
En esa misma línea, Cruset ha denunciado que la medida evidencia cómo la ciudadanía asume los fallos institucionales: “No intenten presentar como una respuesta ejemplar lo que en realidad es una reparación de emergencia después de un fracaso político”, ha sentenciado tras recalcar que “aunque su política falla, la factura siempre la acabamos pagando los ciudadanos”. Por su parte, formaciones como EH Bildu y Podemos han expresado su disconformidad pese a garantizar su voto favorable.
El portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha afeado al Gobierno no haber podido gestionar la crisis “peor”, alertando de que permanecen miles de personas “sin solución de acogida, funcionarios y voluntarios desbordados y vecinos tensionados”. Asimismo, la portavoz de Podemos, Martina Velarde, ha señalado que el paquete “es insuficiente y no pone el foco en el fondo del asunto como nos gustaría”, en un marco donde la tramitación de medidas económicas se debate con urgencia en el Congreso.
Desde las filas del PP, el portavoz José Vicente Marí ha justificado el voto crítico de su grupo al asegurar que “si no puede garantizar que esto no va a volver a pasar, este decreto no sirve para nada”. El parlamentario popular ha aseverado además que los miembros del Ejecutivo “no pueden tapar su incompetencia con dinero”, calificando lo vivido en Ceuta como una “invasión” y un “ataque híbrido” que compromete la integridad territorial y cuya resolución recae en Pedro Sánchez.
Por el contrario, el grupo parlamentario Vox se ha desmarcado de la convalidación al tildar la iniciativa de “limosna” y calificarla como un decreto “envenenado”. Su portavoz en el debate, José María Figaredo, ha remarcado que el texto normativo elude la prioridad de “devolver a los invasores a Marruecos”, en un escenario donde la distribución de fondos económicos concentra el análisis político.
La crisis ha provocado también una pugna entre PP y Vox por liderar la iniciativa parlamentaria frente al Ejecutivo, registrando varias propuestas durante la semana. Los populares han respaldado la proposición de Vox para reformar la Ley de Defensa Nacional e involucrar a las Fuerzas Armadas en el control migratorio, así como su proposición no de ley contra el traslado de menores a la Península tras la crisis de finales de julio, iniciativas ambas que han resultado rechazadas.
Pese a coincidir en diversas mociones, ambas formaciones mantienen una marcada discrepancia respecto a las relaciones bilaterales con Marruecos. Mientras los de Santiago Abascal exigen suspender inmediatamente el Tratado de Amistad, la dirección nacional de Génova defiende mantener la prudencia diplomática, fijando una línea oficial que contrasta con las manifestaciones previas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien se mostró partidaria de romper lazos con Rabat.
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