Centros privados de Formación Profesional y patronales consideran excesivamente limitador el proyecto de decreto que ha elaborado el Departamento de Educación para regular la modalidad a distancia de estos estudios, que en los últimos años ha crecido exponencialmente y sin tiempo para controlarlo. Las empresas del sector focalizan sus críticas, que han plasmado en alegaciones a la futura normativa, en la obligación de realizar los exámenes en Cataluña, incluso para los alumnos de otras comunidades, un extremo que, según advierten, podría poner en riesgo la viabilidad de algunos centros. “La normativa es muy controladora y pone muchas trabas y ello puede poner en riesgo los centros. Pero si se nos limita empresarialmente, los proyectos pueden empezar a tambalearse”, alerta Maria Cinta Camí, cofundadora de Linkia, una de las principales empresas del sector.
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