El negocio de la formación vial presenta unos márgenes ajustados y una operativa compleja. Marga Ribas, dueña de una autoescuela, ha desvelado los números de su empresa familiar: “El mayor coste es de personal, nuestra facturación está en torno a 1 millón de euros; la rentabilidad del 5-10 %, es baja porque tenemos muchos gastos”. La empresaria ha explicado que el sector abarca desde pequeños negocios que ingresan entre 80.000 y 100.000 euros hasta grandes firmas en Madrid que alcanzan entre 5 y 6 millones de euros.
Para iniciar una actividad básica con un único turismo, Ribas ha calculado que “a lo mejor con 50.000 euros es posible montar una autoescuela”. Esta modalidad basada en el autoempleo exige ser profesor titulado, contar con la titulación de director, las autorizaciones de la DGT y las correspondientes licencias municipales de apertura y actividades.
Sin embargo, la empresaria ha advertido en la entrevista concedida al canal de Adrián G. Martín(@Adriang.martin), de que se trata de un modelo muy sacrificado, donde el profesional asume jornadas de 6 de la mañana a 8 de la tarde sin posibilidad de enfermar.
El desglose económico de una clase práctica revela un beneficio neto mínimo para las autoescuelas. Marga Ribas ha detallado que, de un precio medio de 35 euros por práctica, tras deducir el 21% de IVA, quedan unos 28 euros de base imponible. A esta cifra se restan cerca de 5 euros de combustible, unos 16 euros del sueldo del profesor y aproximadamente 10 euros de mantenimiento y amortización del vehículo, lo que deja un saldo positivo de apenas 4 euros por clase.
En cuanto a los ingresos de un permiso B, que representa el 70% de la actividad, la matrícula fija unos 150 euros a los que se suman 40 euros de tramitación. Tras abonar el alumno los 70 euros del certificado médico y los 90 euros de tasas a la DGT, el centro percibe 190 euros, de los cuales quedan apenas 19 euros de beneficio neto tras cubrir plataformas, profesores y tutores. Asimismo, Ribas ha desmentido el mito de que convenga el suspenso: “Para nosotros lo lucrativo es que la gente apruebe y deje paso a otros alumnos que están esperando para hacer más prácticas”.
La gestión diaria de las autoescuelas se encuentra gravemente condicionada por el retraso administrativo. En la misma conversación, Joana ha denunciado que la administración no repone las jubilaciones y ha alertado sobre la situación de jefaturas como la de Ibiza, donde apenas quedan una o dos personas trabajando frente a las trescientas que operaban en el pasado: “El problema es que nosotros podemos preparar alumnos, pero si no los dejan examinar, ¿qué hacemos con ellos?”.
Ribas ha remarcado que las reclamaciones al Ministerio del Interior comenzaron en 1985 y que el problema se ha extendido a nivel nacional. En Baleares, el tiempo de espera alcanza casi los 4 meses para coche y plazos mayores en camión y autobús, contando únicamente con 17 examinadores, de los cuales cinco están de baja y dos a punto de marcharse. Ante este tapón, la empresaria ha sugerido la conveniencia de adoptar un sistema híbrido como el de Portugal, externalizando las pruebas a entidades independientes para agilizar las listas.
El crecimiento de este negocio familiar, fundado en 1950 y gestionado actualmente por su tercera generación con 12 autoescuelas, ha exigido una importante inversión en infraestructuras. Pep, responsable de la entidad, ha señalado que disponer de una pista propia es fundamental para impartir formación de vehículos profesionales y acceder a cursos subvencionados del SOIB.
Pep ha explicado también que la adaptación de cada turismo con el sistema de doble pedal homologado supone un gasto de unos 3.000 euros. Por su parte, los profesores de autoescuela perciben un salario bruto cercano a los 2.300 euros, tratándose de un perfil con gran escasez en el mercado laboral, especialmente en Mallorca.
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