Los dos decretos con los que el Gobierno quería aprovechar la indignación provocada por el desahucio de Maricarmen Abascal decayeron ayer en el Congreso de los Diputados por la falta de apoyo parlamentario. El primero de los decretos prohibía los desahucios para personas vulnerables hasta 2030.
En 2020, con motivo de la situación provocada por la pandemia, ser prohibieron esos desahucios. Esa regulación ya no está en vigor. Las personas vulnerables pueden acudir al régimen previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juzgado suspender un desahucio, pero solo temporalmente. El años pasado se produjeron más de 18.000 desahucios por impago del alquiler.
El decreto que prohibía los desahucios fue promulgado el pasado martes por razones claramente partidistas. Pero ahora queda por resolver el problema social de fondo. El derecho a la vivienda es un derecho esencial de la persona, la propiedad privada también es un derecho pero tiene límites y tiene una función social. La vivienda tiene que ver con la dignidad de las personas y es una cuestión central de la ecología humana.
Es cierto que las personas vulnerables necesitan una protección en este campo, con seguridad jurídica y sin provocar daños aLos propietarios. Lo que es evidente es que el alquiler supone para muchos españoles un gasto inasumible, y ese es un problema que no se resuelve en una semana, aumentando la polarización política y provocando miedo en el mercado, como ha intentado el gobierno.
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