Mantener una autoescuela abierta implica hacer frente a una serie de gastos que pueden marcar la diferencia entre un negocio rentable y uno difícil de sostener. Vehículos, combustible, mantenimiento y otros costes asociados a la actividad forman parte de las cuentas que deben cuadrar cada mes para que el negocio pueda seguir funcionando.
La empresaria Marga Ribas, copropietaria de una red de autoescuelas, ha explicado en el canal de Adriang.martin la compleja realidad financiera que atraviesa el sector de la formación vial en España.
En este contexto ha asegurado que el modelo de negocio basado en el autoempleo resulta viable, aunque exige un esfuerzo personal extremo a los profesionales que deciden emprender.
Ribas ha señalado que para poner en marcha un centro basta con un solo vehículo y una inversión inicial aproximada de 50.000 euros, además de los títulos de profesor y director, y la correspondiente autorización de tráfico. “El autoempleo funciona bastante bien y se gana dinero solo con un vehículo y siendo el empresario, porque asumes los riesgos. Solo tienes que pagar autónomos. El único problema es que es muy duro, porque tienes que dar clases de las 6 de la mañana a las 8 de la noche y no te puedes poner enfermo”, ha detallado Ribas.
A las exigencias del trabajo por cuenta propia se suma una problemática institucional que afecta a todo el país: la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico. Según ha denunciado la empresaria, la ausencia de reposición de personal jubilado mantiene colapsadas varias delegaciones, como la jefatura de Ibiza, que se encuentra al borde del cierre al contar únicamente con uno o dos trabajadores frente a los cientos de antaño.
Esta escasez administrativa genera importantes retrasos para los alumnos que buscan examinarse, alcanzando esperas de hasta cuatro meses en las Islas Baleares para el permiso de turismo y demoras superiores para camiones y autobuses.
Ribas ha indicado que en el archipiélago disponen de 17 examinadores, de los cuales cinco están de baja médica y dos abandonan sus puestos próximamente, una situación que provoca un insostenible cuello de botella. Ante esta crisis, propone implementar un sistema híbrido o privatizar los exámenes mediante empresas externas, siguiendo el ejemplo existente en Portugal.
En cuanto a los ingresos operativos, Ribas ha desglosado la estructura de costes de una práctica de conducir, cuyo precio habitual se sitúa en torno a los 35 euros. Tras deducir el 21% de IVA, el importe neto de 28 euros debe absorber unos 5 euros de combustible, cerca de 16 euros destinados al salario del docente y 10 euros por mantenimiento y reposición del turismo, cuya vida útil se calcula en cuatro años.
Esta distribución reduce el beneficio neto a unos escasos 4 euros por sesión al volante, lo que deja el rendimiento final del negocio entre un 5% y un 10%. Ribas ha aclarado que las autoescuelas no tienen margen para incrementar los precios debido al límite del poder adquisitivo de los usuarios: “No tenemos forma de aumentar esa rentabilidad. Claro, lo que no podemos hacer tampoco es irnos a un precio muy por encima lo que está dispuesto a pagar el consumidor, porque al final no vamos a quedar sin cliente”.
Por su parte, la matrícula del permiso B, que representa el 70% de la actividad global, cuesta unos 150 euros e incluye la formación teórica, materiales y tutorías personalizadas. Sumando la tramitación de examen de 40 euros, el centro ingresa 190 euros, quedándose con un beneficio de aproximadamente 19 euros, dado que los pagos médicos de 70 euros y las tasas de la DGT de 90 euros corresponden a entidades externas.
Asimismo, desde su autoescuela desmienten el mito popular sobre el supuesto interés comercial en que los aspirantes suspendan las pruebas. “Para nosotros lo lucrativo es que la gente apruebe y deje paso a otros alumnos que están esperando para hacer más prácticas”, ha manifestado Ribas al recalcar que la rotación fluida es la verdadera clave de la rentabilidad.
Ribas ha apuntado que el volumen de ventas en el sector varía enormemente en España, existiendo pequeños centros que facturan entre 80.000 euros y 100.000 euros, mientras que grandes firmas de Madrid pueden alcanzar los 5 y 6 millones de euros. No obstante, el coste de personal absorbe entre el 60% y el 65% de la facturación global, situándose como la principal partida de gasto de la empresa.
Por otro lado, Pep, codirector y formador del grupo empresarial, ha detallado la relevancia estratégica de contar con una pista de prácticas en propiedad para impartir cursos de vehículos pesados y motocicletas. Pep ha afirmado que esta infraestructura permite diversificar los ingresos hacia transportistas y cursos del SOIB, rentabilizando la inversión al repartir los elevados costes fijos entre las 12 secciones de la compañía.
Respecto a las adquisiciones, Pep ha indicado que un autobús requiere una inversión aproximada de 100.000 euros, un tráiler suma 130.000 euros entre tractora y semirremolque, y un camión ronda los 150.000 euros, con plazos de amortización estimados entre 10 y 15 años. Los precios de las prácticas oscilan entre los 34 euros de moto, 35 euros de turismo y 62,50 euros en transportes industriales.
En las mismas instalaciones, un alumno ha explicado que prevé gastar unos 1.200 euros en la obtención del permiso B tras haber invertido 700 euros en sus primeras 18 prácticas, asumiendo un sobrecoste de 200 euros en caso de suspender. El estudiante ha lamentado tener que afrontar una espera de dos meses para la fecha de examen debido a la falta de examinadores disponibles en la administración.
Finalmente, Pep ha subrayado la dificultad para contratar profesores de autoescuela, cuyos salarios brutos rondan los 2.300 euros mensuales. Asimismo, ha recordado que la instalación del sistema de doble pedal homologado cuesta unos 3.000 euros por coche, y ha advertido del peligro constante de sufrir colisiones por alcance durante las clases prácticas.
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