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La presencia española en el Golfo de Guinea, abarca un periodo que va de 1843 a 1968 y es caracterizado por una gran evolución administrativa, que transformó el territorio desde un protectorado colonial hasta una provincia integrada en nuestro país. Esto lo explica el vídeo del canal de YouTube “Horizonte_Africano” en su vídeo “Provincia española de Guinea ( 1843 – 1968 )”.

Pese a que los derechos territoriales sobre esa zona, se pactaron en el Tratado del Pardo en 1778 con Portugal, no se establecieron los españoles en el terreno hasta el siglo XIX. Según cuenta el vídeo y que recogen fuentes históricas: “en 1843 Juan José Lerena volvió a establecer la presencia española en Malabo para afianzar los derechos de España”.

Años después se consolidaría ya la unificación de los dominios continentales e insulares: “La colonia tuvo vigencia entre 1843 y 1968, fue reunificada administrativamente en 1926 convirtiéndose en Guinea Española”, fijando su capital en Santa Isabel, la actual Malabo en la isla de Bioko. 

A nivel constitucional, lo más relevante ocurre a mediados del siglo XX, tras dividirse la administración en las provincias de Fernando Poo y Río Muni:  “En 1959 los territorios españoles del Golfo de Guinea adquirieron el estatus de provincias españolas, sumándose al resto de provincias metropolitanas”

Durante el periodo de la administración española en el territorio, el motor económico fue la agricultura: “España desarrolló grandes plantaciones de cacao en la isla de Bioko con miles de trabajadores nigerianos importados como braceros”,  según explicaban desde el vídeo.

Este impulso económico situó a la región en una posición destacada dentro del continente africano: “Al proclamarse la independencia en 1968, Guinea Ecuatorial tenía uno de los mayores ingresos per cápita de África”. Aparte de la economía, la gestión española dejó también huella en los servicios básicos:  “España también ayudó a Guinea Ecuatorial a que consiguiera una de las mayores tasas de alfabetización del continente, así como una notable red de instalaciones sanitarias”.

Respecto al plano social, la población estuvo bajo un sistema de estratificación entre 1944 y 1964. Para acceder al grado de “emancipado” (personas que la administración española consideraba que habían alcanzado un cierto nivel de “civilización” y asimilación de derechos), la normativa pedía  “ser monógamo, ser bien visto por la Iglesia o las autoridades locales, tener una buena educación y tener título académico o educación formal, saber leer y escribir”, un régimen legal que se extinguiría con la autonomía y creación del país en 1964.

Tras aprobarse la Ley Básica de diciembre de 1963 y la autonomía entre 1964 y 1968, la transición hacia una soberanía plena, se hizo de una forma popular, mediante la consulta, según cuentan desde el vídeo:  “El referéndum constitucional de Guinea Ecuatorial se produjo el 11 de agosto de 1968 bajo la supervisión de un equipo de observadores de las Naciones Unidas”. 

El referéndum contó con un gran respaldo ciudadano: “Un 63% de electores votó a favor de la Constitución”. Después llegaron las urnas: “las primeras elecciones de la región creada vieron la victoria a Francisco Macías Nguema”, culminando con esto la independencia de España y proclamándose oficialmente la independencia el 12 de octubre de 1968, poniendo fin al período de la Guinea Española. 

Un Atlético dinámico, de mucha movilidad en sus hombres de ataque, dio cuenta de Osasuna enganchado al olfato goleador de Jonathan David para abrir el partido. Kang-in Lee, Le Normand con un buen derechazo y Baena, que cerró el marcador para firmar una actuación del jugador que se espera, fueron los ejecutores del equipo navarro. Que el coreano y el almeriense disfrutaran fue una buena noticia. Los dos jugaron los 90 minutos.
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Persecuciones de vehículos en carreteras, tiroteos, densas columnas de humo a causa de un incendio, detonaciones de explosivos… El registro que Eliana Moreno llevó en su cuenta de Instagram es fiel reflejo de diez años de “increíbles coberturas” desde el aire en Los Ángeles. El handle “Eli in the heli” es incluso una suerte de guiño a su devoción por contar los sucesos de último minuto a bordo de un helicóptero para las cadenas NBC y Telemundo.
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Los miembros del banco central de EEUU han decidido en su reunión de este miércoles una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos, una medida que rompe con el mantenimiento vigente desde finales de 2025 y con la previa trayectoria a la baja. Se trata del primer incremento de tipos desde hace más de tres años, tras el último movimiento registrado en julio de 2023. Esta decisión ha estado motivada por el repunte inflacionario desatado desde que la administración Trump inició una guerra contra Irán a finales de febrero, dejando el precio del dinero en una horquilla entre el 3,75% y el 4%.

La coyuntura económica se ha visto alterada por la crisis energética derivada de la tensión en el estrecho de Ormuz y en gran parte de Oriente Medio, un conflicto cuya duración prolongada ha provocado un shock inflacionario global. En este contexto, la energía y los carburantes han disparado la inflación, llevando al Índice de Precios al Consumo (CPI) a registrar un aumento anual del 3,4% en agosto, la misma tasa que en julio pero cinco décimas superior a la del ejercicio previo. Esta aceleración de los costes se apoya en un encarecimiento del 16,3% en los precios de la energía y de un 27,4% en las gasolinas.

Por su parte, el gasto real en consumo personal (PCE), el indicador preferido por la Reserva Federal, ha marcado un 3,7% en julio al igual que en junio, lo que evidencia un nivel de precios persistentemente superior al de 2025 y muy por encima del objetivo del 2%. Este escenario refleja cómo el denominador común de la economía es la inflación. Con esta medida, el organismo estadounidense se suma al cambio de ciclo impulsado por el Banco Central Europeo, entidad que ya ha incrementado los tipos en 50 puntos básicos durante este año.

La determinación del banco central desafía abiertamente las pretensiones de Donald Trump, quien llegó a insultar de manera reiterada al anterior presidente de la institución, Jerome Powell, bajo una presión incesante para que recortara el precio del dinero de forma acelerada. El mandatario estadounidense no ha logrado alinear sus deseos con Kevin Warsh, al frente de la Fed desde mayo, quien se ha visto obligado a intervenir ante la crisis de precios generada por la propia administración. El endurecimiento monetario llega, además, en un momento de máxima sensibilidad política a solo mes y medio de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, evidenciando las consecuencias políticas cuando sube la inflación.

Durante el simposio de Jackson Hole a finales de agosto, Kevin Warsh ya advirtió de que la evolución de los precios resultaba “preocupante” y requería que la Reserva Federal concentrara sus esfuerzos en el control de la inflación. El responsable del regulador señaló que las condiciones de financiación no eran restrictivas en ese momento, lo que apuntaba a una próxima subida de tipos. Aquel cambio de tono respecto a sus discursos de junio y julio fue interpretado por los mercados como la antesala de una subida si el coste de la vida no frenaba su escalada.

A diferencia de la reunión de julio, donde únicamente tres de los doce gobernadores del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votaron a favor de subir las tasas en 0,25 puntos, en esta ocasión todos los miembros han optado por el incremento. El voto favorable de Kevin Warsh a favor de una política monetaria más restrictiva contradice explícitamente los designios de Trump, despejando cualquier duda sobre la independencia de la Reserva Federal.

Un grupo de 25 educadoras y educadores de escuelas infantiles de Madrid se ha atrincherado este miércoles en la Dirección de Área Territorial (DAT) de la Consejería de Educación, en la calle Vitrubio, para reclamar una reunión con responsables de la Administración y mejorar sus condiciones laborales. Durante el encierro, que comenzó a la una y media, las trabajadoras denuncian que se les impidió utilizar los baños y disponer de agua y que se apagó el aire acondicionado. “Nos han tenido sin poder ir al baño y sin agua durante todas las horas que hemos estado aquí”, denuncia una de las educadoras.
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El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al real decreto que moviliza más de 300 millones de euros para reactivar la ciudad autónoma de Ceuta, de los cuales 63 millones de euros se destinan a la atención de los menores migrantes no acompañados. La votación ha culminado con una amplia mayoría de 304 votos a favor frente a los 33 votos en contra de Vox, sumando el respaldo de Partido Popular y Junts tras mantener la incógnita hasta el último momento.

Pese a este aval numérico, la jornada parlamentaria ha evidenciado el severo desgaste del Ejecutivo, convirtiéndose en un debate especialmente complejo para el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Este respaldo se produce en un contexto donde el despliegue financiero busca aliviar el tejido económico ceutí, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido a su vez el rechazo del pleno al decreto regulador de los grupos de interés.

La sesión ha estado precedida por un tenso enfrentamiento directo durante la sesión de control entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno. Mientras Feijóo ha recriminado a Sánchez la falta de explicaciones sobre las gestiones con Rabat para agilizar los retornos, el jefe del Ejecutivo ha replicado ante los medios que la tutela de los menores que permanecen en la ciudad corresponde exclusivamente a su presidente autonómico, Juan Jesús Vivas.

Las formaciones políticas que han apoyado el paquete económico no han escatimado en duras advertencias hacia la gestión gubernamental. El portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha manifestado que “este real decreto sólo demuestra el coste de su incapacidad y de su descoordinación”, reprochando además a Moncloa su actitud diplomática y alertando de que “Cataluña no lo asumirá” en cuanto al reparto de menores.

En esa misma línea, Cruset ha denunciado que la medida evidencia cómo la ciudadanía asume los fallos institucionales: “No intenten presentar como una respuesta ejemplar lo que en realidad es una reparación de emergencia después de un fracaso político”, ha sentenciado tras recalcar que “aunque su política falla, la factura siempre la acabamos pagando los ciudadanos”. Por su parte, formaciones como EH Bildu y Podemos han expresado su disconformidad pese a garantizar su voto favorable.

El portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha afeado al Gobierno no haber podido gestionar la crisis “peor”, alertando de que permanecen miles de personas “sin solución de acogida, funcionarios y voluntarios desbordados y vecinos tensionados”. Asimismo, la portavoz de Podemos, Martina Velarde, ha señalado que el paquete “es insuficiente y no pone el foco en el fondo del asunto como nos gustaría”, en un marco donde la tramitación de medidas económicas se debate con urgencia en el Congreso.

Desde las filas del PP, el portavoz José Vicente Marí ha justificado el voto crítico de su grupo al asegurar que “si no puede garantizar que esto no va a volver a pasar, este decreto no sirve para nada”. El parlamentario popular ha aseverado además que los miembros del Ejecutivo “no pueden tapar su incompetencia con dinero”, calificando lo vivido en Ceuta como una “invasión” y un “ataque híbrido” que compromete la integridad territorial y cuya resolución recae en Pedro Sánchez.

Por el contrario, el grupo parlamentario Vox se ha desmarcado de la convalidación al tildar la iniciativa de “limosna” y calificarla como un decreto “envenenado”. Su portavoz en el debate, José María Figaredo, ha remarcado que el texto normativo elude la prioridad de “devolver a los invasores a Marruecos”, en un escenario donde la distribución de fondos económicos concentra el análisis político.

La crisis ha provocado también una pugna entre PP y Vox por liderar la iniciativa parlamentaria frente al Ejecutivo, registrando varias propuestas durante la semana. Los populares han respaldado la proposición de Vox para reformar la Ley de Defensa Nacional e involucrar a las Fuerzas Armadas en el control migratorio, así como su proposición no de ley contra el traslado de menores a la Península tras la crisis de finales de julio, iniciativas ambas que han resultado rechazadas.

Pese a coincidir en diversas mociones, ambas formaciones mantienen una marcada discrepancia respecto a las relaciones bilaterales con Marruecos. Mientras los de Santiago Abascal exigen suspender inmediatamente el Tratado de Amistad, la dirección nacional de Génova defiende mantener la prudencia diplomática, fijando una línea oficial que contrasta con las manifestaciones previas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien se mostró partidaria de romper lazos con Rabat.

El Gobierno de España ha sufrido un duro revés parlamentario este miércoles en el Congreso de los Diputados tras el rechazo a la convalidación de la denominada ‘ley de lobbies’. Esta derrota parlamentaria acarrea la pérdida de hasta 1.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos, ya que Bruselas exigía la puesta en marcha de esta normativa para cumplir las exigencias comunitarias.

El real decreto ley, aprobado por el Ejecutivo para regular la actividad de los grupos de interés, no ha salido adelante tras votar en contra el PP, Vox, Junts y UPN. Asimismo, las formaciones de PNV y Podemos han optado por la abstención en una votación decisiva para el acceso a estos recursos económicos.

La portavoz del PP en la Cámara Baja, Edurne Uriarte, ha querido dejar claro que “votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los ‘lobbies’”. Además, la representante popular ha cuestionado la urgencia alegada por el gabinete ministerial y ha propuesto continuar con la tramitación del proyecto de ley remitido en 2025, achacando la falta de aprobación previa a la “dejación e irresponsabilidad” del Gobierno.

Durante la sesión, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha reconocido que el Ejecutivo aprobó el texto en verano con el fin de llegar a tiempo a los compromisos adquiridos con la Unión Europea. En este sentido, el diputado socialista José Luis Aceves ha instado al resto de parlamentarios a actuar con responsabilidad para no arriesgar la llegada de las partidas asignadas de los fondos de la UE.

Las autoridades mexicanas han dado un paso decisivo en la resolución del crimen de la joven universitaria española. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha confirmado que la justicia ya cuenta con una orden de captura contra el principal sospechoso, identificado como Francisco Javier Meléndez “N”, alias El Trompas o El Paco. Los cuerpos policiales han desplegado un operativo inmediato para lograr su localización y detención.

El representante del Ministerio Público ha explicado en rueda de prensa en Cuernavaca los avances procesales del caso. Según ha señalado Blumenkron, “esta persona responde al nombre de Francisco Javier “N”, se le atribuye responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, después de que la Fiscalía de Feminicidios obtuviera el mandamiento judicial emitido por un juez especializado. En este contexto, las autoridades investigan el presunto feminicidio de la estudiante para esclarecer todas las circunstancias de la agresión.

Las labores de rastreo sobre el terreno se han intensificado en las últimas horas en diversos puntos estratégicos. El fiscal general ha detallado que “tenemos ya varios domicilios que se han investigado y se han descartado algunos para dar ya con él, y cumplir la orden de aprehensión”. Asimismo, las autoridades han remarcado que el investigado es un delincuente habitual que cuenta con antecedentes penales.

La búsqueda policial se desarrolla de forma prioritaria en el territorio estatal para evitar su fuga. Blumenkron ha precisado que “particularmente en Morelos se concentra la búsqueda en estos momentos”, al tiempo que ha agradecido la colaboración ciudadana mediante vídeos que han aportado “indicios” clave que ahora deben “robustecerse con pruebas técnicas”. Mientras avanzan las pesquisas, personas cercanas a la víctima han rememorado las precauciones y cuidados que mantenía la joven en su estancia en el país.

En el ámbito familiar y diplomático, los allegados de Claudia viajan a Morelos en los próximos días para llevar a cabo la identificación formal y recibir su cuerpo, que permanece custodiado en el Servicio Médico Forense de Temixco. A partir de ese momento se iniciarán los trámites para su repatriación a España, un procedimiento en el que interviene activamente el Consulado General de España en México.

Claudia Tacoronte, de 21 años, ha muerto tras ser atacada con un arma blanca el pasado sábado en el municipio de Cuautla, a una hora de la capital estatal, a donde se había desplazado para asistir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional. La joven había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca, a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El crimen ha provocado una profunda indignación social al confirmarse que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, sumándose a los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Estos feminicidios previos ya habían originado protestas y paros en el campus, en un escenario donde la familia de la estudiante denuncia la falta de advertencias sobre el peligro existente en la zona.

No es la primera vez, ni la segunda, que Rosalía llega como nominada a los Grammy Latinos, que entrega anualmente la Academia de Grabación. Pero sí parece ser la ocasión en que la catalana, de 33 años, acude a ellos con más posibilidades de alzarse con más estatuillas, especialmente con la más deseada, la de álbum del año.
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La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad ha quedado este miércoles aprobada definitivamente, después de que el Congreso haya votado las enmiendas introducidas la semana pasada en el Senado, donde el PP tiene mayoría. La Cámara baja ha dado luz verde a una veintena de los más de 60 cambios propuestos. El espíritu de ambas leyes busca dar autonomía a los usuarios y que puedan elegir cómo ser cuidados y que, si así lo desean, puedan envejecer en casa, en su barrio o en su pueblo. Para ello, se refuerzan las atenciones en el hogar, se crean nuevos servicios y se modifican otros que ya existen. También se elimina burocracia y se reducen los plazos legales para ser atendidos. Estas son las principales claves de la reforma.
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